No es una polémica nueva. Hace varias décadas ya que el debate sobre si los servicios públicos deben ser costeados por la totalidad de los ciudadanos o solo por aquellos que los usen, se ha venido produciendo en el marco de la ofensiva del modelo neoliberal.
En el modelo socialdemócrata ideal, los servicios e infraestructuras públicas son financiados a través de la cesta común de impuestos. Una cesta que combina impuestos directos e indirectos. La combinación entre estos dos y su tasa de progresividad, tiene por objeto que paguen más los que más tienen siendo, por tanto, los servicios públicos un mecanismo de redistribución de la riqueza. Pagan más los ricos y usan más las rentas menores.
El neoliberalismo en su afán de reducir el tamaño y la importancia del Estado prefiere la financiación por uso. Acepta que determinados mercados son de difícil privatización, pero la alternativa es convertir en esos mercados al Estado en una empresa más con los mismos modelos de relación con los ciudadanos, que pasan a ser clientes, usuarios públicos.
En Europa ninguno de los dos modelos se ha implantado en su totalidad y así junto a servicios públicos en los que hay cierto consenso sobre la necesidad de su pago conjunto, como la seguridad, la defensa, el servicio exterior, etc. se combinan con modelos de pago por uso, declarado u oculto, como los peajes de las autopistas, el copago sanitario, las tasas universitarias, la recogida de basura, el suministro de agua y su depuración y otros similares.
El pago por uso no solo no supone ningún avance en el reparto de la riqueza, sino que, al contrario, contribuye a agrandar la brecha entre ricos y pobres de un país. No hace falta explicar mucho esto. Las familias pudientes pueden asumir estos gastos que suponen un pequeño porcentaje de su renta, mientras que las familias medias o pobres deben dedicar un mayor porcentaje de ésta para cubrir estas necesidades, algunas de ellas, vitales.
La teoría neoliberal se sustenta precisamente sobre la idea de liberar renta de los tramos superiores de la sociedad al entender que son estos los motores económicos de la misma. Por eso el modelo de pago por uso les viene como anillo al dedo.
Estos modelos insolidarios, suelen generar injusticias clamorosas que hacen necesaria la aparición de excepciones, reglas compensatorias y subvenciones a las familias, a las actividades económicas o a los territorios más injustamente tratados. Compensaciones que pagan el resto de los usuarios para que no se produzca el famoso “déficit” de tan extraña comprensión en un servicio público.
La propuesta del actual gobierno sobre los peajes en la red de carreteras españolas supone una contradicción con la trayectoria que ha venido defendiendo el PSOE desde el cambio de siglo. Regresó, bien que tímidamente, a los modelos socialdemócratas, oponiéndose firmemente al copago sanitario y haciendo de la desaparición de los peajes en las autopistas una bandera del actual gobierno.
Ahora, en un giro inesperado de guion, propone un sistema generalizado de pago por uso en las carreteras españolas. Además de un error político de oportunidad del tamaño de Colombia o Francia, es un paso atrás en el proceso de avance de la socialdemocracia en España. Si lleva adelante este desatino, se quedará sin argumentos cuando en un futuro no muy lejano, algún gobierno neoliberal proponga en España extender el pago por uso a la sanidad o a la educación.
Todo el resto del debate sobre quiénes, cuándo, cuánto y dónde pagarán el peaje, es secundario. Son como las condiciones de venta de un supermercado, dos por uno, bonos regalo, tarjetas de fidelización, ayudas de solidaridad y cosas similares. Seremos meros clientes, hoy lo tienes, mañana no.
Tampoco hemos oído al ministro de Fomento ni a la vicepresidenta económica explicar qué piensan hacer con los mecanismos actuales de financiación de la red, como el impuesto de matriculación, el de circulación, los impuestos a los hidrocarburos, etc. Bueno sí, oculta por el revuelo de los peajes se ha colado la subida del impuesto del gasoil.
En un mundo de mensajes cortos y populismo, no es posible explicar fácil y rápido por qué las carreteras deben pagarlas quienes las usan y, sin embargo, los ciudadanos sanos deben contribuir a pagar los tratamientos de los enfermos o por qué las familias sin hijos tienen que sostener unas escuelas que no van a usar. Usar mensajes insolidarios para justificar una mera medida recaudatoria, como está haciendo el ministro de Fomento, es iniciar un camino que no sabemos dónde puede acabar. Esperemos que se retracten y cuanto antes mejor.
JOSE ANGEL OLIVAN GARCIA
PRESIDENTE UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON
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