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El Gobierno de España ha anunciado la movilización de hasta 50.000 viviendas de la SAREB para alquiler asequible
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Estas medidas van por el buen camino, pero hace falta más: más fondos, más construcciones, más intervención pública, más planificación
Por José Ángel Oliván, presidente de UCARAGÓN
Las medidas que ha anunciado el Gobierno de Pedro Sánchez relativas al mercado de la vivienda van en el buen camino.
El anuncio de la activación y puesta en servicio de hasta 50.000 viviendas en manos de la SAREB viene a solución una situación absurda que se viene produciendo desde el gobierno del PP. El Estado español tiene en sus manos un importante parque de viviendas y de solares edificables que, en lugar de estar puestos al servicio de los ciudadanos, estaban cogiendo polvo y siendo pasto de ocupaciones. Activarlos es una medida incontestable. ¿O es que se prefiere lo contrario?
Otra cosa es los plazos, las condiciones, el modelo de gestión, el precio, etc. Pero no podemos sino alegrarnos de esta medida largamente demandada y de puro sentido común.
Respecto al anuncio de la prórroga del tope a la subida anual de los alquileres, no entendemos el revuelo que se está armando. No se han topado los precios, como oímos reiteradamente, los precios siguen siendo libres. Lo que se ha topado es su subida anual. Subida que hasta ahora y en la inmensa mayoría de los casos está referenciada a la inflación. Por lo tanto, plantear un tope del 3% cuando la inflación interanual está en el 3,3% no parece una medida descabellada ni va a modificar gravemente el mercado.
Lo que sí que hará es evitar nuevos contratos con renovaciones abiertas que eran empleados por algunos propietarios, sobre todo los fondos buitre, para incrementar los precios del alquiler, en ocasiones con la intención de librarse de un inquilino y sustituir un alquiler social por una oferta de piso turístico.
Por lo tanto, otra media, prudente, en el buen camino. Es cierto que estas medidas no son suficientes para solucionar el problema de la vivienda que tanto está lastrando a la sociedad española y que en algunos casos se convierte en el obstáculo mayor para el crecimiento de un territorio. Hace falta más.
Sabemos ya lo que no funciona. No funciona el mercado inmobiliario libre. Hemos visto como solo produce burbujas o como sólo se interesa por las viviendas de alto precio. Así pues la intervención pública es imprescindible. Y además ha de hacerse protegiendo a futuro los derechos de los habitantes, impidiendo operaciones especulativas como las que se llevaron a cabo en el Ayuntamiento de Madrid.
Sabemos también que desregular el mercado de alquiler no funciona. Desde la ley Boyer de 1985 se ha venido despojando a los inquilinos de derechos en la esperanza de que los propietarios de pisos vacíos perdieran el miedo a ponerlos en el mercado. No ha ocurrido. Los miedos permanecen y convivimos con grandes necesidades habitacionales y grandes parques de pisos deshabitados. Desregular no funciona. El Estado debe armonizar los dos derechos el de la propiedad y el de la vivienda. Por lo tanto, también en este caso está justificada la intervención pública.
Más fondos, más construcciones, más intervención pública, más planificación y sobre todo volver a poner la vivienda en el centro del debate político es imprescindible si queremos que los habitantes de nuestro país tengan una vivienda digna.
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