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Desde UCARAGÓN pedimos la creación de una ley aragonesa de consumo y una ley que regule los derechos de los ciudadanos en relación con las administraciones públicas: las crisis provocadas por la pandemia y la guerra en Ucrania han provocado empeoramiento de la atención de las administraciones públicas a los ciudadanos muy notable
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Pedimos una reforma de la Ley del Justicia de Aragón, instamos a la cita previa con la Administración como excepción y no como norma, y solicitamos el aumento del presupuesto dedicado a temas de consumo en Aragón de los dos euros actuales a diez euros por ciudadano
Ante la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas del 28 mayo de 2023, desde UCARAGÓN hemos elaborado un documento, que remitiremos a los grupos políticos, con un total de 38 peticiones y reformas que consideramos necesarias en materia de consumo. Unas peticiones que se suman a la concentración que hemos convocado para mañana miércoles día 15 de marzo en protesta por la escalada de precios y a favor del pequeño comercio y de proximidad con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, y que cuenta con el apoyo de UGT, CC.OO, FABZ, COAPEMA y Ecologistas en Acción.
El documento con las 38 medidas en materia de consumo, que ha sido presentado en rueda de prensa en la mañana de hoy martes 14 de marzo de 2023 por el presidente de UCARAGÓN, José Ángel Oliván, es un compendio de reformas y propuestas que desde la asociación consideramos esenciales. Estas propuestas serán enviadas a los diferentes grupos políticos para que las tengan en consideración a la hora de la elaboración de sus programas electorales para las elecciones de mayo de este año.
Este texto viene a reforzar el acto reivindicativo de mañana miércoles día 15 de marzo. «Entendemos que en este momento, una de las cuestiones fundamentales es que, en general, todos los servicios que se nos prestan, pero sobre todo los alimentos, la energía y los servicios bancarios, han tenido un incremento de precios desmesurado, sin que haya una correlación con el servicio que se nos presta, y tampoco con las razones económicas que se argumentan», explica José Ángel Oliván, presidente de UCARAGÓN.
La concentración, que apoya al pequeño comercio y de proximidad, tendrá lugar de 11.00 a 12.30 horas en el Balcón de San Lázaro, y cuenta con el apoyo de los sindicatos UGT y CC.OO, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), el Consejo Aragonés de Personas Mayores (COAPEMA) y Ecologistas en Acción. Se ha elegido el Balcón de San Lázaro por ser confluencia de grandes superficies con otros modelos, como el mercadillo de la calle Sobrarbe, «que está a punto desaparecer», apunta Oliván, así como pequeños comercios «que creemos que son más sensibles a las necesidades de los ciudadanos que las grandes compañías cuyas decisiones se realizan en despachos muy alejados de la realidad de sus clientes», comenta.
38 propuestas a los partidos políticos en época preelectoral
El documento con las 38 propuestas a los partidos políticos, presentado en la mañana de hoy, se divide en tres grandes apartados: cambios legislativos, modificaciones administrativas relacionadas con la relación con los consumidores y algunas políticas de protección y de participación.
Tal y como apuntó esta mañana José Ángel Oliván, las asociaciones de consumidores son de las pocas organizaciones que aparecen reflejas de forma expresa en la Constitución Española. En su artículo 51 les reconoce una serie de derechos, «el fundamental, el de representación, la capacidad de representar a los consumidores», especifica el presidente de UCARAGÓN.
Creación de una ley aragonesa de consumo
Una de las principales medidas recogidas en el documento es la relacionada con la creación de una ley aragonesa de consumo. Según ha explicado Oliván, «en el caso de Aragón pensamos que hay que recoger ya la particularidad de las asociaciones de consumidores en una ley que aglutine todas estas cuestiones, y que avance en algunas otras que se han quedado un poco retrasadas. Porque, poco a poco, la actividad de la Administración ha ido relegando a las asociaciones de consumidores a un papel subsidiario, como si fuéramos una especie de oficinas baratas de atención a los consumidores, una especie de apoyo de la Administración, y ese no es el papel que nos da la Constitución», argumenta.
Por ejemplo, tal y como explica el presidente de UCARAGÓN, «no entendemos (y creemos que debe aparecer en esa Ley), que las organizaciones de consumidores no estemos en el Consejo Económico y Social de Aragón, cosa que, sí que ocurre en el Consejo Económico y Social de España, donde sí que están representadas, junto con sindicatos, patronal y la Administración»
«La ley, de manera difusa, nos reconoce una serie de derechos que después en la práctica nos son negados: la capacidad de representar, la capacidad de conocer todos los procedimientos, lo que se está investigando. Por ejemplo, las actuaciones en el mercado, las inspecciones (de Sanidad, de Consumo y otras administraciones). Y sobre todo, el derecho a la justicia gratuita, en la práctica nos encontramos que los diferentes gobiernos autonómicos lo vienen negando», concluye.
Un mecanismo rápido de compensación por los daños que la Administración pueda ocasionar al ciudadano
En el texto que se presentará a grupos políticos también se hace especial referencia a la relación de los ciudadanos con las Administraciones públicas. Tal y como comentó esta mañana Oliván, la Ley de Procedimiento Administrativo establece los derechos de los ciudadanos en relación con la Administración, en dos niveles:
- Por una parte, a nivel de interesados en un procedimiento.
- Por otro, establece un conjunto de derechos más difusos, más amplios, que no tienen que ver con que exista o no un procedimiento administrativo.
En este sentido, «la Ley de Procedimiento Administrativo establece el derecho de los ciudadanos a ser bien tratados o a ser atendidos en un idioma oficial de su comunidad autónoma. Nosotros creemos que esos derechos hay que ampliarlos. En el caso de Aragón hay que establecer una norma propia, sobre todo porque la crisis generada por la pandemia y la crisis provocada por la guerra en Ucrania han dado lugar a un empeoramiento de la atención de las administraciones públicas a los ciudadanos muy notable: los retrasos, las acumulaciones, hacen que en muchos casos sea imposible realizar un trámite», explica el presidente de UCARAGÓN.
«Por ejemplo, en muchos casos ha habido ayudas públicas que no se terminan de conceder en su totalidad porque los ciudadanos no han podido acceder al trámite. Hemos visto atascos en procesos de arbitraje (el arbitraje de transporte lleva año y medio atascado prácticamente sin ninguna resolución). Además, se ha impuesto una costumbre que entorpece enormemente las relaciones con la Administración, que es la de la cita previa. Nosotros entendemos que la cita previa debe ser una excepción y no una norma«, argumenta Oliván, a lo que se suma que «el modelo de teletrabajo que se ha establecido en la Administración ha dado lugar a que sea muy difícil que los ciudadanos puedan acudir a una Administración y ser atendidos».
Finalmente, en lo que respecta a la relación de los ciudadanos con la Administración, pedimos también una atención rápida, presencial y en un tiempo conocido. «Solicitamos que la Administración tenga un compromiso de resolución en un tiempo específico, y si no lo hace, que el silencio sea positivo, a favor del consumidor», asevera. «Cuando la Administración por su actuación de lugar a daños económicos o morales a un ciudadano, pedimos que haya un mecanismo rápido de indemnización. No puede ser que la única manera de solucionar esta cuestión sea acudir a un Tribunal de Justicia y plantear un contencioso-administrativo, que además de largo y difícil, va a ser muy complicado de llevar a cabo», concluye.
Modificación de la Ley del Justicia de Aragón
Dentro de las 38 peticiones a los partidos políticos se encuentra la modificación de la Ley del Justicia de Aragón, una «figura magnífica de la que los aragoneses estamos muy orgullosos», ha aseverado Oliván. «Creemos que debe ser una figura con capacidad de defensa real de los derechos de los ciudadanos», algo que tiene gran aplicación en temas de consumo, explica.
Consejería de Consumo y aumento del presupuesto de los dos euros actuales a los diez euros por ciudadano
Entre las medidas administrativas propuestas en el documento presentado hoy se encuentra la creación de una Consejería de Consumo. Según ha explicado Oliván, esta es un materia que se ha vinculado tradicionalmente a áreas de Servicios Sociales y «nosotros entendemos que el consumo es una actividad económica: los consumidores somos agentes económicos», apunta. Debido al carácter transversal del consumo, desde UCARAGÓN consideramos que esta materia debería vincularse a una consejería transversal o a una propia.
Además, desde la asociación creemos que debe haber un compromiso económico por parte del Gobierno de Aragón en la defensa de los consumidores. «No puede haber esta carencia de medios», manifiesta el presidente de UCARAGÓN. Por lo tanto, desde la UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARAGÓN pedimos que se dediquen a temas de consumo 10 euros por ciudadano, y no los menos de dos euros por habitante que en su presupuesto tiene la Dirección General de Consumo en la actualidad.
Políticas de protección y participación
Finalmente, respecto a las políticas de protección y participación, el presidente de UCARAGÓN considera que «el Gobierno de Aragón debe garantizar que los servicios básicos sean prestados en condiciones accesibles a todos los ciudadanos, por los medios que sea. Debe garantizar que el acceso a la energía, al agua, a los Servicios Bancarios, a la Sanidad, a los Servicios Sociales y a la Educación, entre otros».
Acceso al documento con las 38 medidas propuestas:
Resumen en vídeo de la rueda de prensa:
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